Las y los diputados aprobaron casi por unanimidad la iniciativa que promueve que los recursos de las cuentas bancarias inactivas por seis años o más sean destinados al equipamiento de las fuerzas públicas destinadas a la seguridad y protección ciudadana.
Con 483 votos a favor y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados avalaron en lo general, el dictamen, con la condición y el acuerdo de que del monto de esos recursos recuperados por la Secretaría de Hacienda, el 45 por ciento se queden en la Federación, el 30 por ciento se vayan a las entidades federativas y el 25 por ciento los municipios.
Se precisa que estos fondos deberán ser “exclusivamente para equipamiento, infraestructura policial, uniformes, botas, chalecos” y todo lo que tiene que ver con garantizar el cumplimiento de las reformas en materia de Guardia Nacional, que incluye la profesionalización, capacitación de los cuerpos policiacos y “dotarlos de los valores de disciplina, obediencia y honor”.
Las instituciones de crédito estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.
“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, puntualiza el proyecto.
Detalla que, al no existir poseedor originario cierto, las obligaciones sobre el bien financiero depositado quedan extintas y un recurso ocioso se convierte así en un “valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social”.