Con la consigna «¡Justicia!», «¡Libertad!» y «No a la fabricación de delitos!», familiares de los presuntos implicados, así como decenas de trabajadores provenientes de bares, incluyendo el Black Royce, se manifestaron frente a los juzgados de Barrientos. La protesta tuvo lugar después de casi nueve horas de una audiencia crucial que podría decidir el destino de seis empleados del Black Royce.
En el transcurso de esta audiencia, programada para determinar si se vincula a proceso o se concede la libertad a los seis acusados, los abogados defensores presentaron el testimonio de peritos en medicina forense y química. Estos expertos argumentaron que la víctima, Iñigo Arenas, habría fallecido por asfixia debido a su propio vómito, causada por la ingesta excesiva de alcohol, y no a causa de sustancias ilícitas.
Basándose en esta información, la defensa solicitó la liberación de las cuatro mujeres y los dos hombres detenidos, alegando que su papel fue auxiliar al cliente, quien había llegado al bar en estado de ebriedad, y nunca tuvieron la intención de causarle daño.
Por su parte, el Ministerio Público ratificó su solicitud de que los acusados sean vinculados a proceso, argumentando que actuaron de manera coordinada para cobrar por el consumo de cuatro botellas de alcohol por un monto de 40 mil pesos. A pesar de que la víctima mostraba signos evidentes de intoxicación, habrían intentado reanimarlo, pero no solicitaron ayuda de los servicios de emergencia hasta casi dos horas después.
En respuesta a la audiencia y las deliberaciones judiciales, la tensión en los juzgados y sus alrededores alcanzó niveles elevados. Un grupo de presuntos empleados del bar Black Royce bloqueó el acceso a los juzgados de control y juicio oral del Poder Judicial del Estado de México, así como al penal de Barrientos.