La reforma al Poder Judicial enfrenta un nuevo desafío legal después de que el gobierno de Guanajuato presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta acción, promovida por el ex gobernador Diego Sinhue antes de dejar su cargo, ha sido turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá decidir sobre su admisión a trámite en los próximos días.
La posible admisión de esta controversia ha provocado reacciones encontradas dentro de la propia Corte. La ministra Lenia Batres ha expresado su preocupación, calificando el escenario como un potencial «golpe de Estado». Batres argumenta que la SCJN estaría extralimitándose al intentar someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador.
«La Suprema Corte estaría dando un auténtico golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador», declaró Batres, invocando el artículo 39 de la Constitución que establece el derecho del pueblo a modificar su forma de gobierno.
El debate sobre esta controversia se intensificará este lunes 7 de octubre, cuando el pleno de la SCJN discuta las consultas a trámite. Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres han propuesto desechar estas consultas por considerarlas improcedentes.
Esta acción legal de Guanajuato se suma a otros recursos jurídicos que cuestionan la reforma judicial, incluyendo un amparo logrado por Movimiento Ciudadano (MC) a nivel federal para impedir la homologación de la reforma en los 32 estados de la República.
La situación se complica aún más dado que la Suprema Corte continúa analizando aspectos que podrían poner en riesgo la continuidad de la reforma, mientras que desde el gobierno federal ya se impulsan las reformas secundarias relacionadas.